Cuando aparecieron las noticias de que varios países de Europa (Bélgica, Gran Bretaña, Bulgaria, Francia, Alemania, Irlanda y Eslovaquia) habían bloqueado la propuesta de Dinamarca para permitir los cultivos de transgénicos en toda Europa (1) y que otros tantos (Francia, Alemania, Hungría, Grecia, Austria, Luxemburgo y Bulgaria) prohibían el ingreso de maíz transgénico producido en España (único país de Europa donde se mantienen investigaciones de este tipo), debido al inmenso rechazo social que se tradujo en rechazo político en esos países (2) ; era lógico suponer que las multinacionales del negocio de transgénicos (Syngenta, Monsanto, Dow, Dupont, Bayer y BASF) buscarían otras opciones para continuar con las acciones que debieran suspender en los países de donde fueran expulsadas.
Latinoamérica en la mira, pero seguramente no Ecuador, país que en su Constitución, la «más verde del planeta» especificara en el art. 401 que «Se declara al Ecuador libre de cultivos y semillas transgénicas» (3) . Aunque (continúa el artículo) … «Excepcionalmente, y sólo en caso de interés nacional debidamente fundamentado por la Presidencia de la República y aprobado por la Asamblea Nacional, se podrán introducir semillas y cultivos genéticamente modificados»…
Eso, hasta que días atrás el Presidente Rafael Correa sugiriera la necesidad de que se reabra “un gran debate nacional para decidir científicamente si los alimentos transgénicos son o no peligrosos para la salud y flexibilizar la norma constitucional”. (4)
Este sesgado comentario (Por qué sólo habla de flexibilizar la norma, si recién se supone se va a reabrir el debate?. Por qué no sugiere también la opción de fortalecerla en caso de que se demuestre científicamente su peligrosidad?) puede estar ligado al fuerte lobby que vendrían realizando las multinacionales arriba mencionadas durante esta última década en el país, como manifestara días atrás Ana Lucía Bravo, vocera de la Red por una América Latina Libre de Transgénicos (Rallt) : «en los últimos doce años se ha dado una presión muy fuerte y permanente sobre los diferentes gobiernos ecuatorianos para liberalizar el uso de transgénicos». (5)
El deseo de liberar los transgénicos en Ecuador vienen desde el extranjero al más alto nivel , pues como es posible conocer a través de la información ofrecida por Wikileaks (obra maestra del super-promocionado por la actual administación: Julian Assange), un comunicado del 2010 de la embajadora norteamericana menciona que «la aceptación de transgénicos en el país se encuentra en una encrucijada –por la Constitución y la Ley de Soberanía Alimentaria- y es necesario cambiar la percepción de la opinión pública a fin de que ésta sea favorable a la biotecnología y enfrente las protestas cuando la excepción constitucional (para introducir semillas y cultivos transgénicos) sea aplicada por el Presidente o la Asamblea Nacional, y/o se apruebe nueva legislación secundaria». (6)
Este mismo cable de la embajada norteamericana manifiesta que «la cobertura pro-transgénicos en los medios de comunicación («)confiables(«) ayudarán a cambiar la opinión pública. Una opinión pública positiva hacia los transgénicos afectarán sin duda a una futura legislación. La cobertura mediática pro-transgénicos será pilar para conseguir una opinión pública positiva y ayudará a prevenir protestas si/cuando el Presidente y la Asamblea Nacional aprueben las investigaciones y el cultivo de transgénicos».
De entrada, no habría razón para dudar de la capacidad o buenas intenciones por parte del Estado para evitar que existan problemas de contaminación que afecten a la biodiversidad genética agrícola del país o a la salud pública; hasta que se termina de leer el mismo artículo 401, que textualmente dice: «El Estado regulará bajo estrictas normas de bioseguridad, el uso y el desarrollo de la biotecnología moderna (léase transgénicos) y sus productos, así como su experimentación, uso y comercialización.»
Entonces surgen varias dudas razonables
1. Podrá el estado controlar que no se le escape de las manos una actividad que ha demostrado en otros casos y países hacerlo?
2. Que garantiza que lo hará, si en 4 años de vigencia de la norma constitucional no ha podido regular, medíante al menos un etiquetado a los productos transgénicos que se comercializan libremente en el país de manera que esta información esté disponible para el consumidor que en su gran mayoría ni siquiera sabe que está comprando productos transgénicos?
3. Por qué la embajada norteamericana quiere ayudar a lograr una posición más favorable de la opinión pública para los transgénicos? ¿Se busca acaso romper nuestra Constitución para dar paso a intereses foráneos?.
4. De acuerdo a la información proveída por Wikileaks, estaría el gobierno ecuatoriano siguiendo la agenda norteamericana para cambiar la opinión pública hacia los transgénicos y las empresas involucradas en el negocio?
5. Sabía usted como consumidor (a) que varios de los productos que se venden libremente en mercados y supermercados del país contienen transgénicos y que son comercializados sin ninguna regulación aún cuando la norma constitucional manifiesta que será lo contrario?
6. Cree que los cultivos y productos transgénicos habrían sido prohibidos de varios países de Europa si es que no existiera evidencia de afectación a la salud humana?
El «debate» sugerido por el Presidente comienza, para esto es necesario una ciudadanía bien informada. Investigue, lea, comparta.
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REFERENCIAS: