El pasado 12 de Noviembre del 2012, en el Juzgado Quinto de Garantías Penales de Chillanes (provincia de Bolívar) se dictó orden de prisión preventiva contra Manuel Trujillo y Manuela Pacheco, ambos dirigentes de la Comunidad de San Pablo de Amalí, por supuestamente haber cometido actos de sabotaje y terrorismo. De acuerdo al abogado defensor de los acusados, ellos se enfrentan a una pena de 4 a 8 años de prisión si es que llegaran a ser sentenciados, “esta es una contradicción con el Derecho a la Resistencia consagrado en nuestra Constitución y un renovado ejemplo de criminalización a los defensores del agua”.
Manuel Trujillo, desde la clandestinidad, defiende su inocencia e indica que desde que empezó el proceso de construcción de la hidroeléctrica, no han dejado de ser perseguidos por la justicia y los aparatos de represión estatales. “Lo que sentimos es indignación, porque la justicia no es justa para nosotros. Lo de ayer es una revancha del Fiscal y de miembros de la Policía, acusándonos sin pruebas de delitos que no hemos cometido.”
San Pablo de Amalí es una comunidad de campesinos ubicada en la parte costera de la provincia de Bolívar en Ecuador. En ella habitan numerosas familias que dependen de la agricultura para sobrevivir. Sin embargo, a lo largo de los últimos nueve años se han configurado escenarios de represión y persecución judicial contra estos campesinos. La construcción del proyecto hidroeléctrico San José del Tambo, a cargo de la empresa Hidrotambo S.A., desató en la comunidad un rechazo generalizado y dio paso un largo proceso de resistencia que dura hasta hoy.
Hace tres meses San Pablo de Amalí fue visitada por una misión de verificación, conformada por varias organizaciones defensoras de los derechos humanos y de la naturaleza, con la finalidad de constatar la situación de vulnerabilidad en que se encuentra la comunidad. Uno de sus integrantes expresa que «es preocupante el proceso de despojo del agua que se está propiciando en San Pablo de Amalí y en numerosas comunidades que viven en esta microcuenca al concesionar a una empresa prácticamente todo el caudal; aquí se han violentado los derechos constitucionales relacionados con el agua, poniendo bajo grave amenaza la vida de la población». La realidad analizada por esta misión será recogida en un informe que estará disponible en las próximas semanas.
En el año 2006 llegó a esta zona el entonces candidato a Presidente Rafael Correa Delgado, quien frente a los campesinos que participaban de una asamblea comunitaria se comprometió a respetar el derecho de la comunidad a oponerse al mencionado proyecto hidroeléctrico y manifestó textualmente que: «si ustedes dicen no a ese proyecto, no se construirá el proyecto».
Los dirigentes campesinos, sin embargo, fueron acusados de haber supuestamente cometido delitos de sabotaje y terrorismo, sin más pruebas que las presentadas por la policía, la misma que actualmente da resguardo a la empresa.
“Con esto se pretende desbaratar nuestra lucha, sigo con ánimo de seguir luchando, estoy indignado por la impotencia de no ser más preparado (para la defensa) y ahora tengo que ver a mi gente y a mis hijos expuestos a esta injusticia”, culminó diciendo Manuel Trujillo
Agencia Tegantai.
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