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 “Así como el Estado (ecuatoriano) es socio de Syngenta, Monsanto, Agripac y Ecuaquímica,
debería ser socio de organizaciones campesinas, de redes de semilleristas y otros grupos parecidos”. 
Javier Carrera, de la Red de Guardianes de Semilla
Organizaciones sociales y campesinas en Ecuador buscan formar un frente fuerte ante la propuesta estatal respecto a la Ley Orgánica de Agrobiodiversidad y Semilla durante las audiencias públicas que se desarrollarán desde el 25 de octubre hasta el 25 de noviembre en todo el país.

Aseguran que la diversidad genética agrícola del país se encuentra en peligro en caso de aprobarse la ley. En el Ecuador, la producción de alimentos se ha basado históricamente en la semilla campesina (también conocida como nativa o criolla) la cual tiene un papel de vital importancia en la agricultura nacional y está adaptada, no sólo a las condiciones ambientales locales, sino también a las necesidades sociales y culturales de los pueblos.

El intercambio de semillas se vería afectado, según la Fundación MilHojas, pues el aspecto más preocupante de esta ley es el control que el Estado quiere tener sobre la semilla, a través de:

a) los sistemas de certificación, que implicarían » cumplir requisitos inalcanzables para los pequeños agricultores que proveen más del 60% de la canasta básica que se consume en el Ecuador» ; y
b) por medio de declarar a la semilla nativa como patrimonio del Estado y no de los pueblos como lo es actualmente.

¿Significa esto que toda semilla que no es nativa, debe estar certificada, o que toda semilla que circula debe ser certificada?.

Sobre el primer punto, la propuesta de ley clasifica a las semillas en nativas y certificadas, desconociendo que hay una gran gama de diversos tipos de semillas que son usados por campesinos o medianos productores a lo largo y ancho del país y que no caen bajo estas dos clasificaciones.

Este es por ejemplo el caso de las semillas de arroz. El arroz no es un cultivo originario del continente americano, pero que es parte de la dieta alimenticia básica de los ecuatorianos. Los campesinos arroceros han desarrollado sus variedades adaptadas a las condiciones locales para alimentar a toda la población del país, pero no podemos decir que sean semillas nativas, pero tampoco son certificadas ni constan en ningún sistema de registro oficial.

¿Qué va a pasar con este tipo de semillas? ¿se prohibirá su circulación?.

El texto dice que toda persona (natural, jurídica, pública, privada o comunitaria) podrá producir semillas con la autorización de la Autoridad Agraria Nacional (Art. 27), y deberá registrarse ante la Autoridad Agraria Nacional.

¿Se autorizará la circulación de semilla no certificada?. ¿Qué requisitos debe cumplir la semilla para ser certificada?

La semilla certificada, de acuerdo al texto propuesto, es aquella que “ha cumplido el proceso técnico de control de métodos, procesos de producción y procesamiento”, “que permita mantener y asegurar su identidad genética, física, fisiológica y fitosanitaria” (Art. 24), y deben estar inscritas en el registro Nacional de Cultivares. La semilla debe tener un alto grado de identidad y pureza genética, cumpliendo los estándares establecidos por la autoridad agraria nacional (Art. 25).

La semilla certificada está destinada a la producción industrial, donde es indispensable tener una producción homogénea para facilitar la siembra, la cosecha y un producto final uniforme, programado para un mercado especializado.

¿Podrán estas semillas obtener su certificación? Posiblemente no, porque es muy posible que no tengan “pureza genética”, y que no cumplan con los requerimientos que se necesitan para certificarlas; por lo que estarían destinadas a la extinción, dejando a las empresas semilleras internacionales, el camino abierto para controlar este mercado dejado.

Al momento son cinco las empresas que controlan el mercado mundial de semillas, las mismas que al momento no juegan un rol muy importante en la producción agroalimentaria del Ecuador, pero que, de adoptarse este texto, podrían ocupar el nicho que le será usurpado a los semilleristas locales.

La Autoridad Nacional Agraria pondrá en marcha un sistema de control del proceso de producción, uso, comercialización de semillas («para asegurar su calidad»), y contará con el apoyo de la Policía Nacional (Art. 40) , de esta manera será criminalizada la semilla no certificada.

Hay ya un antecedente importante en este sentido, cuando en Colombia, el gobierno hizo quemar miles de toneladas de semillas de arroz porque no eran semillas registradas. Debido a este hecho se movilizaron pequeños y medianos productores en todo el país.

En relación a la semilla nativa, el proyecto de ley la define como “la información natural y todo material reproductivo sexual y asexual que mantiene su capacidad de reproducción que han sido domesticados, conservados , criado, cuidados, utilizados e intercambiados por productores comunas, pueblos y nacionalidad de acuerdo a sus diversos saberes y culturas” (Art. 21).

Reducir a la semilla como “información natural”, es convertirla en mera mercancía, lo cual dista mucho del concepto y elvalor que entre un amplio sector del campesinado ecuatoriano se le dá hoy en día.

Es incuestionable el valor que tiene la semilla nativa para la agricultura indígena y campesina, pero ahora se le adjudica un valor que está relacionado con la “información” que en ella se encuentra; información que puede ser usada por la industria, sin importar la historia cultural que esta semilla encarne. Por eso, en el texto se habla de “recursos fitogenéticos”. Y por eso, el proyecto de ley declara a la semilla nativa como patrimonio del Estado (Art. 22).

Recordemos que la semilla nativa es el fruto del trabajo innovador de comunidades a lo largo de la historia. Estas se han desarrollado gracias al trabajo creativo de mujeres y hombres a lo largo de generaciones, sin ninguna participación ni apoyo del Estado; al contrario, han sido en muchos casos perseguidos, y las semillas nativas han sido calificadas de ineficientes y primitivas. Su mayor valor está el “a información” contenida (posiblemente en los genes) de esas semillas.

La idea que está detrás de esta propuesta posiblemente sea extraer la información genética valiosa (para la industria) contenida en la semilla, para que sea usada en programas de mejoramiento genético convencional o transgénico o para darle otra aplicación industrial. Luego, a través de un sistema de “repartición equitativa de beneficios”, se compensará a las comunidades custodias de estas semillas, como lo establece el Art. 9.c. sobre los “derechos de los agricultores”.

Respecto a la semilla genéticamente modificada , el proyecto especifica por sobre la prohibición constitucional explícita sobre las semillas transgénicas (Art. 15 y 401 de la Constitución), que éstas serán prohibidas si no cumplen con los requisitos legales.

Si eres un activista real y no solo en el facebook inscribete en las delegaciones provinciales para participar en las Audiencias Publicas para el debate de la Ley de Semillas tu participación es importante.

Ante este escenario, el Colectivo Agroecológico del Ecuador (1)  marca claramente las siguientes exigencias:

1. La semilla debe continuar siendo patrimonio de los pueblos al servicio de la humanidad, y el Estado debe actuar como garante de este derecho más no como propietario, como se intenta proponer.

2. Debe asegurarse el libre flujo de semillas, tal como manda el artículo 281.6 de la Constitución. 

3. Debe promoverse un amplio uso de la semilla campesina y nativa como base de nuestra soberanía alimentaria. 

4. Nos negamos a la ilegalización y persecución de la semilla campesina y nativa, y otras semillas no certificadas, a la imposición de medidas de protección fitosanitaria para el acceso e intercambio de semilla nativa.

5. Rechazamos cualquier intento de legalización de la semilla transgénica que pone en peligro la salud humana, los ecosistemas y el control público de los recursos genéticos, tanto como los mercados nacionales e internacionales. Como resultado, es necesario cumplir el mandato constitucional que declara al Ecuador como un país libre de semillas y cultivos transgénicas.
Ecuasem, organización que tiene como socios a Syngenta
 y Monsanto, participa activamente en el proyecto de Ley de Semillas.

6. Pedimos que se considere nuevamente la propuesta de ley enviada por las COPISA, que ya fue debatida en 2012 y que representa el consenso de los intereses de más de 500 organizaciones que participaron en extensivos debates y discusiones sobre dicho proyecto.

7. Es fundamental el establecimiento de políticas de fomento de sistemas agro-alimentarios sanos, sostenibles y equitativos en el país, como es la agroecología, para enfrentar la pobreza, la creciente malnutrición, y el cambio climático asociados con la modernización agrícola y la agricultura dependiente en altos insumos externos y mercados pocos competitivos, que sean locales o distantes.

Para leer el texto completo de la proyecto actualizado de 
Ley Orgánica de Agrobiodiversidad y Semilla

Este el link de las direcciones provinciales del CNE donde te puedes inscribir para participar en las Audiencias Públicas.
 

El cronograma de las Audiencias es:

Martes 25 octubre Cotopaxi y Santa Elena
Miércoles 26 octubre Tungurahua y Los Ríos
Jueves 27 octubre Chimborazo y Guayas
Viernes 28 octubre Pichincha
Martes 08 noviembre El Oro y Carchi
Miércoles 09 noviembre Imbabura
Jueves 10 noviembre Sucumbíos
Viernes 11 noviembre Orellana y Morona Santiago
Martes 15 noviembre Manabí
Miércoles 16 noviembre Esmeraldas
Viernes 18 noviembre Galápagos
Martes 22 noviembre Azuay
Miércoles 23 noviembre Napo
Jueves 24 noviembre Zamora Chinchipe y Pastaza
Viernes 25 noviembre Loja y Bolívar
(1) El Colectivo Nacional Agroecológico -que se define a sí mismo como una organización que trabaja en la defensa de la soberanía alimentaria, de las semillas nativas y del control público de la producción- ha cuestionado el fuerte proceso de apropiación de las semillas agrícolas por parte de intereses privados, en particular de corporaciones multinacionales desde mas de 50 años: Esto se hace con el apoyo del Estado, con el desarrollo de legislaciones relacionadas que se acoplan a las dinámicas de los agroexportadores, donde la semilla nativa y criolla es reemplazada por semillas híbridas, de alto rendimiento y transgénicas, sobre las que pesan complicados sistemas de registro y certificación, que son discriminatorias a las semillas nativas”.
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