{"id":1185,"date":"2011-09-12T03:04:00","date_gmt":"2011-09-12T03:04:00","guid":{"rendered":"http:\/\/pachamamitaecu-org-720647.hostingersite.com\/2011\/09\/12\/problematica-actual-de-las-tierras-comunales-de-santa-elena\/"},"modified":"2011-09-12T03:04:00","modified_gmt":"2011-09-12T03:04:00","slug":"problematica-actual-de-las-tierras-comunales-de-santa-elena","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/pachamamitaecu.org\/es_es\/2011\/09\/12\/problematica-actual-de-las-tierras-comunales-de-santa-elena\/","title":{"rendered":"Problem\u00e1tica actual de las tierras comunales de Santa Elena"},"content":{"rendered":"
\n
<\/a><\/div>\n

Por Decio Machado
<\/span>

<\/span>Desde hace d\u00e9cadas, la tierra y el agua son elementos de fuerte conflictividad en la Pen\u00ednsula de Santa Elena, motivo por el cual se enfrentan los sectores del agrobusiness con sectores de campesinos, lo cual evidencia una l\u00f3gica de lucha claramente marcada por su posici\u00f3n social \u2013conflicto de clases-. Seg\u00fan fuentes vinculadas al Ministerio de Agricultura, Ganader\u00eda, Acuacultura y Pesca (MAGAP), existen en la actualidad m\u00e1s de 150 mil hect\u00e1reas[14]<\/a> inmersas en este tipo de conflictos.<\/p>\n

Respecto a esto conviene aclarar dos cuestiones: en primer lugar, la necesidad de financiamiento por parte de los gobiernos locales, conllev\u00f3 y sigue conllevando la admisi\u00f3n generalizada de registros de propiedad ilegales (realizados por registradores y notarios corruptos) a favor de empresas y terratenientes en sus correspondientes catastros con el fin de recaudar impuestos prediales o inmobiliarios; a esto hay que a\u00f1adir que los conflictos jur\u00eddicos respecto a la propiedad de tierras comunales han sido congelados durante a\u00f1os en los cajones y archivadores del MAGAP por parte de funcionarios corruptos al servicio de intereses particulares, los cuales de esta manera no permit\u00edan la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 21 de la Ley de Organizaci\u00f3n y R\u00e9gimen de las Comunas, lo que hubiese supuesto dejar sentado la improcedencia de la titularidad privada de las tierras en litigio desde hace ya
muchos a\u00f1os (hay litigios que se remontan a 20 a\u00f1os atr\u00e1s).<\/p>\n

La entrada en vigor de la actual Constituci\u00f3n del Ecuador[15]<\/a> conllev\u00f3 la reforma del C\u00f3digo Org\u00e1nico de la Funci\u00f3n Judicial el 9 de marzo de 2009. Fruto de dicha reforma, el MAGAP perdi\u00f3 sus atribuciones como juez para la resoluci\u00f3n de conflictos en tierras comunales, pasando dichas competencias a los Juzgados de lo Civil.<\/p>\n

Con coincidencia en el tiempo, el gobierno del Presidente Correa ha ido desarrollando una fuerte inversi\u00f3n en materia vial e infraestructuras: desarrollo de la Ruta del Spondylus y de la Ruta del Sol, capacitaciones enfocadas al desarrollo tur\u00edstico, ampliaci\u00f3n de infraestructura vial existente, creaci\u00f3n de nuevas carreteras, generaci\u00f3n obra civil, etc.<\/p>\n

Todo desarrollo local ha ido acompa\u00f1ado a su vez por una alta permisibilidad respecto a actuaciones m\u00e1s que cuestionables desarrolladas por el capital privado: privatizaci\u00f3n de playas, creaci\u00f3n de complejos inmobiliarios con alto impacto ambiental, lotizaci\u00f3n y venta de terrenos destinados extranjeros \u2013especialmente norteamericanos-, fomento del biocombustible, control privado del agua proveniente del sistema de riego del trasvase Daule-Santa Elena o la permisibilidad en materia ambiental
con empresas del sector pesquero y camaronero, entre otras cuestiones. Esta situaci\u00f3n ha estimulado, objetivo pretendido por el gobierno, el inter\u00e9s de inversionistas privados en la zona. Pero consecuencia de ello, tambi\u00e9n se reactivaron los viejos conflictos nunca resueltos sobre la titularidad de las tierras comunales en la provincia.<\/p>\n

La transferencia de competencias del MAGAP al \u00e1mbito judicial sobre resoluci\u00f3n de conflictos en tierras comunales, deriv\u00f3 en la pr\u00e1ctica en que la mayor\u00eda de estos litigios terminasen en el despacho del juez d\u00e9cimo s\u00e9ptimo de lo Civil de la provincia, el Ab.
Le\u00f3nidas Litardo Plaza -con m\u00e1s de una d\u00e9cada en el ejercicio de este cargo-. Los resultados de sus actuaciones judiciales no han sido poco proclives a las demandas comuneras en la regi\u00f3n, alent\u00e1ndose nuevos intereses privados y nuevas agresiones sobre
tierras comunales en la provincia.<\/p>\n

Los intentos de adquisici\u00f3n de estas tierras son constantes y utilizan f\u00f3rmulas diversas: desde la invasi\u00f3n y el conflicto jur\u00eddico, hasta la compra directa -en muchos casos fraudulenta- de estas tierras ancestrales.<\/p>\n

La pasividad de las instituciones p\u00fablicas involucradas de una u otra manera en estos contenciosos, provoc\u00f3 que en marzo de 2011, a trav\u00e9s de un comunicado oficial, la Federaci\u00f3n de Comunas de Santa Elena (FEDECOMSE) responsabilizara al Estado por los da\u00f1os causados a las comunas afectadas por la \u201cvor\u00e1gine depredadora de empresarios privados\u201d.<\/p>\n

La inacci\u00f3n de las autoridades e instituciones p\u00fablicas \u2013locales y nacionales- respecto de los conflictos con las tierras comunales en la provincia de Santa Elena, muestra una pr\u00e1ctica violatoria respecto a los mandatos de la Constituci\u00f3n de Montecristi (2008), la cual en su art\u00edculo 57 indica:<\/p>\n

\u201cSe reconoce y garantizar\u00e1 a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades ind\u00edgenas, de conformidad con la Constituci\u00f3n y con los pactos, convenios, declaraciones y dem\u00e1s instrumentos internacionales de derechos humanos, los
siguientes derechos colectivos:<\/p>\n

(\u2026) 4. Conservar la propiedad imprescriptible de sus tierras comunitarias que ser\u00e1n inalienables, inembargables e indivisibles. Estas tierras estar\u00e1n exentas del pago de tasas e impuestos.<\/p>\n

5. Mantener la posesi\u00f3n de las tierras y territorios ancestrales y obtener su adjudicaci\u00f3n gratuita.<\/p>\n

(\u2026) 11. No ser desplazados de sus tierras ancestrales (\u2026)\u201d.[16]<\/a><\/p>\n

Violencia y amenazas en la Santa Elena de hoy<\/p>\n

La conflictividad relacionada con la posesi\u00f3n de tierras comunales en la provincia es notable y abarca a las comunas de
Engunga, Tugaduaja, Villingota, Sucre, Olmedo, Ci\u00e9naga, La Barranca, Juntas del Pac\u00edfico, Sacachum, Monta\u00f1ita, Zopatal, Az\u00facar, Say\u00e1, La Aguadita, Calicanto, Pechiche, San Miguel, San Antonio, Cur\u00eda, San Jos\u00e9, Entre R\u00edos, Loma Alta, Febres Cordero, Dos Mangas, Cadeate, Ayangue, Palmar, Manantial de Charduy, Sinchal, Barcelona, Valdivia, San Pedro, Sube y Baja, Atravesado y La Barranca.<\/p>\n

Como ejemplos evidentes de los desmanes en esta materia, pasamos a desarrollar los casos de Monta\u00f1ita, Ayangue y Pechiche,
donde la forma de proceder de los intereses privados, los jueces implicados y permisibilidad de las instituciones p\u00fablicas est\u00e1n significando una grave antecedente para las demandas populares en la provincia.<\/p>\n

Comuna de Monta\u00f1ita<\/p>\n

Data la existencia de la Comuna Monta\u00f1ita desde 1938, siendo en 1980 cuando el MAGAP formaliza el reconocimiento de 1.414
hect\u00e1reas como sus tierras comunales.<\/p>\n

<\/a>En marzo de 2005 el Instituto Nacional de Desarrollo Agrario (INDA), instituci\u00f3n p\u00fablica conocida por su alto nivel de
corrupci\u00f3n interna, reconoce la titularidad de las tierras comunales de Monta\u00f1ita a favor de la Compa\u00f1\u00eda Manglaralto SA (MASA). Esta situaci\u00f3n genera recursos de revisi\u00f3n por parte de la Comuna, la cual se resuelve en febrero de 2010, cuando el INDA ordena el inmediato desalojo de las y los comuneros de Monta\u00f1ita del predio cuya titularidad reafirma a favor de MASA. Las escrituras
de propiedad de las que dispone MASA sobre las tierras comunales de Monta\u00f1ita est\u00e1n legalizadas por el abogado Juan Cueva Rodr\u00edguez, quien en mayo del presente a\u00f1o se vio implicado en operaciones de corrupci\u00f3n donde se negociaba con funcionarios del Ministerio de Justicia la compra de pases a cargos de jueces y, obviamente, la compra de juzgados titulares.<\/p>\n

A pesar de ello, los diferentes recursos presentados por la Comuna de Monta\u00f1ita ante el MAGAP fueron rechazados sistem\u00e1ticamente, favoreci\u00e9ndose as\u00ed a la empresa MASA. Este empresa est\u00e1 vinculada a la familia Andrade, quien a su vez ejercicio la administraci\u00f3n de SOLBANCO, entidad financiera que fue llevada a la quiebra durante la gesti\u00f3n de su ex administrador, Alfonso Andrade Pe\u00f1aherrera.<\/p>\n

Todo ello se da a pesar de que la Constituci\u00f3n de Montecristi en su art\u00edculo 60 claramente expresa:<\/p>\n

\u201cSe reconoce a las comunas que tienen propiedad colectiva de la tierra, como una forma ancestral de organizaci\u00f3n territorial\u201d<\/p>\n

Y a pesar tambi\u00e9n de que un memorando fechado el 18 de mayo pasado, del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural del
Ecuador, organismo adscrito al Ministerio de Coordinaci\u00f3n del Patrimonio Cultural del Ecuador indica:<\/p>\n

\u201cLa documentaci\u00f3n hist\u00f3rica de la regi\u00f3n de la Antigua Provincia de Guayaquil destaca que entre las formas de resistencia \u00e9tnica al impacto colonial se cuenta la \u00b4ladinizaci\u00f3n\u00b4 de los pueblos \u00b4goancavilcas\u00b4 que fueron resguardados en Reducciones Ind\u00edgenas (Jipijapa, Colonche, Santa Elena, Chanduy, Chang\u00f3n o la Puna por ejemplo). Esta estrategia consisti\u00f3 en adoptar ciertos elementos culturales europeos (monetarizaci\u00f3n, vestimenta, lengua, producci\u00f3n ganadera, religiosidad, cabildos, participaci\u00f3n en el mercado, etc.) pero sin que esto significara perder su identidad. Se trataba de una opci\u00f3n pol\u00edtica para
aprovechar oportunidades, en la defensa de sus derechos colectivos y privilegios que como \u00b4Com\u00fan de los ind\u00edgenas\u00b4 ten\u00edan reconocidos en las leyes espa\u00f1olas. Usando como forma de resistencia la \u00b4adaptaci\u00f3n\u00b4 a la situaci\u00f3n colonial, el grupo Huancavilca[17]<\/a>, incorpor\u00f3 pr\u00e1cticas y elementos espa\u00f1oles para reacomodarse culturalmente. Estos nuevos elementos culturales, diferentes a los prehisp\u00e1nicos, privilegiaron mantener el principio de territorialidad colectiva, y el parentesco como forma de organizaci\u00f3n en linajes o familias extensas que perdura has nuestros d\u00edas\u201d.<\/p>\n

Las investigaciones realizadas sobre etnicidad en la Costa Ecuatoriana expuestas anteriormente se han visto confirmadas por los estudios realizados por el INPC durante el 2010 en diferentes partes de la provincia de Santa Elena. De ellos se deduce que: \u201cla Comuna de Monta\u00f1ita forma parte de los pueblos ancestrales comuneros\u201d. Esta situaci\u00f3n les otorga todos los derechos imprescriptibles, inalienables, indivisibles e inembargables de las comunas.<\/p>\n

El propio Convenio 169 de la OIT (1989) define que \u201cun pueblo es considerado ind\u00edgena por el hecho de descender de poblaciones que habitaban en el pa\u00eds o en una regi\u00f3n geogr\u00e1fica a la que pertenece el pa\u00eds en la \u00e9poca de la conquista, de la colonizaci\u00f3n o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, cualquiera que sea su situaci\u00f3n jur\u00eddica, conservan todas su propias instituciones sociales, econ\u00f3micas, culturales y pol\u00edticas, o parte de ellas\u201d.<\/p>\n

En definitiva, los actuales conflictos de pertenencia u identitarios que puedan estar sufriendo los pueblos y nacionalidades ind\u00edgenas como efecto del fen\u00f3meno de globalizaci\u00f3n no significa que los comuneros de Monta\u00f1ita hayan perdido los derechos que los asisten y est\u00e1n presentes en la Constituci\u00f3n de 2008.<\/p>\n

A pesar de ello, el Juez Leonidas Litardo Plaza, juez d\u00e9cimo s\u00e9ptimo de lo Civil de Santa Elena, emit\u00eda el 29 de marzo del presente a\u00f1o una sentencia donde vuelve a fallar en contra de la Comuna de Monta\u00f1ita y a favor de la familia de banqueros.<\/p>\n

En abril del presente a\u00f1o, se admiti\u00f3 a tr\u00e1mite el recurso de la Comuna de Monta\u00f1ita, sobre lo cual est\u00e1 pendiente un recurso de casaci\u00f3n interpuesto por los Andrade.<\/p>\n

A ra\u00edz del fallo a favor de la Comuna, el Juez Litardo proceder\u00e1 a presentar ante el Consejo de la Judicatura de la Provincia de Santa Elena un alegato en el cual acusa a la comuna de Monta\u00f1ita de \u201cconducta criminal\u201d, \u201cprotagonizar desmanes\u201d, practicar rituales \u201cdiab\u00f3licos o de fuerzas ocultas\u201d, quemar f\u00e9retros, entre otras cuestiones.<\/p>\n

\u00bfCasualmente?, el Juez Litardo es primo hermano del Dr. Leonidas Plaza Verduga, quien fuera propietario de las tierras hoy
en litigio en la vecina playa de Portete \u2013Comuna de Ayangue- y quien es tristemente recordado en la historia reciente del Ecuador por haber sido Procurador General del Estado durante la presidencia de Abdal\u00e1 Bucaram, cargo que tuvo de abandonar tras ser acusado de beneficiarse econ\u00f3micamente al interceder entre los damnificados por el lamentable accidente del carguero a\u00e9reo en Manta en 1996 que puso varias v\u00edctimas mortales.<\/p>\n

Comuna Ayangue<\/p>\n

De igual manera que en el caso anterior, las tierras comunales de Ayangue son muy apetecibles para diferentes empresas y
especuladores inmobiliarios dada su posici\u00f3n privilegiada en zona de playa.<\/p>\n

El reciente desalojo en la playa de Portete en Ayangue, sucesos acaecidos en la madrugada del pasado 24 de agosto, ya hab\u00eda
tenido un precedente en el intento de desalojo realizado el 30 de junio pasado, donde tras tres horas de resistencia continuada por parte de los comuneros de Ayangue, los 150 polic\u00edas enviados para actuar contra la comunidad marcharon sin lograr sus objetivos.<\/p>\n

Ante este episodio, la ex gobernadora de la provincia, Noralma Zambrano, declar\u00f3 no tener conocimiento de la violenta acci\u00f3n policial, cosa que fue desmentida con posterioridad por su ex Intendente.<\/p>\n

Sin embargo, el pasado 24 de mayo, entre 300 y 350 efectivos policiales seg\u00fan denuncian los comuneros detenidos, aparecieron
a altas horas de la madrugada en la Comuna de Ayangue, desalojando a siete de sus comuneros que guardaban presencia en la zona p\u00fablica de playa.<\/p>\n

Cerca de doce horas mantuvieron retenidas a los comuneros detenidos \u2013pescadores y sus mujeres- que defend\u00edan sus tierras
comunales y ancestrales. La acci\u00f3n, catalogada de desmedida en todos sus aspectos por la poblaci\u00f3n local, fue consecuencia de un fallo emitido por la Sala \u00danica de la Corte Provincial de Justicia de Santa Elena, que con fecha 11 de agosto, daba la propiedad de las tierras en litigio a la Compa\u00f1\u00eda ZEMECKIS SA, quienes dispon\u00edan de unas escrituras p\u00fablicas sobre dicha propiedad fechadas el 29 de marzo del 2010 e inscritas en el Registro de la Propiedad el 3 de junio del mismo a\u00f1o.<\/p>\n

La operaci\u00f3n fue hasta tal punto vergonzosa que la propia Intendente requerida por la Jueza de Garant\u00edas Penales, D\u00f1a. Mar\u00eda Bacigalupo, se neg\u00f3 a acompa\u00f1ar el operativo policial. De igual manera procedi\u00f3 el Teniente Pol\u00edtico de la Parroquia de Colonche, quien tambi\u00e9n fue requerido para el acompa\u00f1amiento de esta desproporcionada operaci\u00f3n policial.<\/p>\n

La acci\u00f3n policial devino en que en la actualidad la playa p\u00fablica de Portete est\u00e9 cerrada y custodiada por la Polic\u00eda Nacional en conjunto con la seguridad privada a cargo de ZEMECKIS; y su uso haya sido coartado para el conjunto de la poblaci\u00f3n, con el fin de beneficiar intereses privados. Es de se\u00f1alar que la playa de Portete era utilizada por los pescadores artesanales para la pesca de lisas, una de las formas de supervivencia de la poblaci\u00f3n local.<\/p>\n

Una vez m\u00e1s, la acci\u00f3n judicial beneficiaba a los intereses privados, ignorando que la Ley de Comunas de 1937 indica con
claridad que ning\u00fan notario puede extender escrituras p\u00fablicas que diga relaci\u00f3n con los bienes colectivos de las comunas. Esta acci\u00f3n policial evidencia a su vez cierta complicidad por parte del Ministerio del Interior.<\/p>\n

Una vez m\u00e1s aparecen los intereses de los poderosos por encima de los intereses populares y de la poblaci\u00f3n aut\u00f3ctona en
esta acci\u00f3n. ZEMECKIS es una compa\u00f1\u00eda privada perteneciente a Guillermo Roseney Salcedo. Este joven empresario, con pinta de gal\u00e1n de telenovela barata y habitual del mundo de la far\u00e1ndula nocturna, es el marido de una nieta del ex presidente Le\u00f3n Febres Cordero, quien pas\u00f3 a la historia del pa\u00eds por dirigir el r\u00e9gimen m\u00e1s represivo y violatorio sobre los derechos humanos existente en
Ecuador desde la vuelta a la democracia.<\/p>\n

Roseney, famoso por sus dispendios nocturnos en costosas discotecas de la vecina ciudad de Salinas, le compr\u00f3 las tierras a su anterior titular \u2013tambi\u00e9n en litigios con la Comuna de Ayangue-, el Ab. Leonidas Plaza Verdura, quien como ya indicamos con anterioridad es pariente directo del \u00fanico juez de lo Civil \u2013condici\u00f3n que le genera un enorme poder- existente en el Cant\u00f3n Santa Elena.<\/p>\n

Seg\u00fan grabaciones que obran en poder de los comuneros, en una asamblea de la Comuna de Ayangue, a la cual fue invitada la
madre de Roseney, esta reconoc\u00eda que su hijo y el actual gerente de la Corporaci\u00f3n Financiera Nacional[18]<\/a>, el Ing. Jorge Wated,
tambi\u00e9n son primos. Quiz\u00e1s por ello, el conjunto de la poblaci\u00f3n de Ayangue piensa que la inversi\u00f3n de Roseney en los terrenos dictaminados de su propiedad ser\u00e1 financiada por un banco p\u00fablico en decremento de los intereses populares. ZEMECKIS pretende, seg\u00fan fuentes de la comuna, desarrollar un proyecto tur\u00edstico en la zona, donde incluso se crear\u00e1n lagos artificiales con agua salada proveniente del Oc\u00e9ano Pac\u00edfico.<\/p>\n

Seg\u00fan manifiestan los habitantes de la Comuna, la ex gobernadora provincial, Noralma Zambrano, les prometi\u00f3 una intervenci\u00f3n interinstitucional coordinada para el desarrollo de la localidad, a cambio de que la comuna acate los fallos a favor de ZEMECKIS
y desistan de su intenci\u00f3n de resistir. Seg\u00fan los comuneros, hasta el momento nadie ha visto que ninguna instituci\u00f3n p\u00fablica o autoridad local haga algo en beneficio de la poblaci\u00f3n.<\/p>\n

Comuna Pechiche<\/p>\n

A la Comuna Pechiche se le reconoci\u00f3 por parte del MAGAP, en 2009, la propiedad de 200 de las 536 hect\u00e1reas de tierra que hab\u00edan sido indebidamente vendidas por la Comuna Manantial de Chanduy a la Compa\u00f1\u00eda RILESA SA, una empresa privada dedicada a la exportaci\u00f3n de productos agr\u00edcolas \u2013agrobusiness-.<\/p>\n

Las tierras comunales de Pechiche son de las pocas \u2013apenas el 1%- que tienen acceso al canal del trasvase Daule-Santa Elena,
obra p\u00fablica realizada en gobiernos anteriores que beneficia b\u00e1sicamente a grandes empresas del agro y terratenientes locales. A ra\u00edz del dictamen favorable del MAGAP, los comuneros de Pechiche conformaron una agrupaci\u00f3n agraria y con su esfuerzo dieron vida a estas tierras que con anterioridad estaban bald\u00edas.<\/p>\n

Estrat\u00e9gicamente RILESA esper\u00f3 hasta que las competencias del MAGAP pasaran a manos de los jueces de lo Civil, para proceder
con un recurso contra la decisi\u00f3n de MAGAP, solicitando la nulidad de este. En Ecuador, de todos es sabido la falta de profesionalismo y los altos niveles de corrupci\u00f3n existentes en la funci\u00f3n judicial, hecho que ha sido denunciado incluso por el Presidente Rafael Correa en multitud de ocasiones.<\/p>\n

Durante el transcurso del procedimiento jur\u00eddico, RILESA, gerenciada por Jorge Trujillo Jim\u00e9nez, vendi\u00f3 este terreno a la Compa\u00f1\u00eda FUTUROCELL SA, representada por Ana Mar\u00eda Caputi Ollague. Esta \u00faltima interpone una demanda contra la Comuna de Pechiche por invasi\u00f3n de tierras la cual es ratificada tras inspecci\u00f3n pertinente por el director distrital de la Subsecretar\u00eda de Tierras del MAGAP, el Ab. Eduardo Carriel. El MAGAP, de la mano de Carriel constata la invasi\u00f3n y pide que se ordene retirar
toda infraestructura en las tierras y prohibir el acceso de los comuneros de Pechiche. Esta resoluci\u00f3n est\u00e1 en manos del Intendente General de la Polic\u00eda para su cumplimiento inmediato.<\/p>\n

Una vez m\u00e1s, el posicionamiento del MAGAP beneficia a los intereses privados por encima de los intereses populares de los
comuneros.<\/p>\n

Dentro de este contexto, los comuneros de Pechiche vienen denunciando una sistem\u00e1tica presi\u00f3n desde el a\u00f1o 2005 por parte
de los intereses privados para que abandonen sus tierras comunales y ancestrales. Esta alcanz\u00f3 su punto \u00e1lgido cuando el pasado 30 de julio, una retroexcavadora acompa\u00f1ada por media docena de veh\u00edculos todoterreno cargados de pistoleros llegaron por la noche a las tierras comunales en litigio, destrozando gran parte de las plantaciones a la vez que disparaban al aire haciendo huir a los comuneros que se manten\u00edan vigilantes en sus tierras.<\/p>\n

Conclusi\u00f3nes:  El potencial comunero en la provincia de Santa Elena y en el conjunto del pa\u00eds ha sido desperdiciado por reiterados gobiernos, que uno tras otro, han beneficiado directa o indirectamente a los inter\u00e9s de la oligarqu\u00eda local y a las grandes transnacionales extranjeras.<\/p>\n

El triunfo electoral del actual presidente Correa es el fruto de un acumulado de luchas que se remonta al levantamiento del Inti Raymi (junio de 1990) y llega hasta nuestros d\u00edas. Gran parte de esas luchas se han articulado en torno a la reivindicaci\u00f3n de la tierra por parte de las comunidades ind\u00edgenas, campesinado y otros actores implicados en las luchas populares.<\/p>\n

Entender que el desarrollo sustentable de una provincia como Santa Elena puede articularse en base a la inversi\u00f3n de grandes holdingstur\u00edsticos internacionales o empresarios sin escr\u00fapulos que son capaces de articular mecanismos corruptos para la consecuci\u00f3n de sus fines empresariales es volver a desarrollar l\u00f3gicas ya concebidas con anterioridad en el pa\u00eds y que han generado escaso beneficio a las poblaci\u00f3n locales.<\/p>\n

La construcci\u00f3n de un futuro para la provincia de Santa Elena basado entre otras cuestiones en el turismo respetuoso con el medio ambiente, pasa sin duda, porque sea la poblaci\u00f3n local la articuladora de tal realidad. La existencia de tierras comunales en Regi\u00f3n Costa permite que las propias comunas puedan articularse de manera cooperativa y comunitaria como los actores que desarrollen el potencial tur\u00edstico existente en esa zona del pa\u00eds.<\/p>\n

Por otro lado, la recuperaci\u00f3n del sector agr\u00edcola ecuatoriano debe desarrollarse a trav\u00e9s de la tan \u201ccacareata\u201d revoluci\u00f3n agraria, de la cual sus beneficiarios, en consonancia con el Plan Nacional del Buen Vivir, no pueden ser otros que las comunidades implicadas, desarrollando estas modelos cooperativos para la explotaci\u00f3n racional de la tierra.<\/p>\n

El abandono de estas l\u00f3gicas pol\u00edticas supone a su vez, el abandono de los principios que propugn\u00f3 en su momento la llamada
\u201crevoluci\u00f3n ciudadana\u201d. Principios estos que auspiciaron al Ec. Rafael Correa al Palacio Presidencial de Carondelet.<\/p>\n

[14]<\/a> Anteriormente las hect\u00e1reas de tierras consideradas comunales en Santa Elena se elevaba a 300 mil, sin embargo los procesos de privatizaci\u00f3n auspiciados desde los gobiernos neoliberales anteriores al actual gobierno del presidente Correa dejaron limitado estos territorios a 150 mil ha.<\/p>\n

[15]<\/a> La Constituci\u00f3n de Montecristi fue redactada entre el 30 de noviembre de 2007 y el 24 de julio del 2008, por la Asamblea Nacional Constituyente en Montecristi (Manab\u00ed) y presentada un d\u00eda despu\u00e9s (el 25 de julio) por dicho organismo. Su aprobaci\u00f3n fue sometida a refer\u00e9ndum constitucional el 28 de septiembre de 2008, ganando ampliamente la opci\u00f3n aprobatoria. La Constituci\u00f3n de 2008 entr\u00f3 en vigencia, desplazando la anterior Constituci\u00f3n de 1998; y rige desde su publicaci\u00f3n en el Registro Oficial el 20 de octubre de 2008.<\/p>\n

[16]<\/a> http:\/\/issuu.com\/restrella\/docs\/constitucion_del_ecuador<\/p>\n

[17]<\/a> Se registra el nombre Goancavilca, Guancavelica, Guancavilca, Huancavilca y el Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador (CODENPE) los reconoce como Wankavilka.<\/p>\n

[18]<\/a> Banca P\u00fablica.<\/span>

<\/span>
Fuente : Vamos a cambiar el mundo.<\/a><\/span><\/div>\n

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