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| El Presidente Rafael Correa, durante su visita a Quimsacocha. Foto: Presidencia de la República |
Quienes tachan de “ilegal”, “mentirosa”, “manipulación” “cantinfladas” a la consulta popular realizada el pasado 2 de octubre, convocada por las organizaciones de los Sistemas de Agua de Victoria del Portete y Tarqui, no solo que no escuchan -o no quieren escuchar- las voces de los pueblos, sino que siguen anunciando con bombos y platillos, los proyectos mineros en Azuay y Zamora Chinchipe.
La negociación de los tres contratos mineros está siendo llevada a cabo de manera ilegal, sin la aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental, ni las Licencias Ambientales para la explotación de dichos proyectos, como establece la Ley Minera que fuera impulsada por el ejecutivo. De hecho los Estudios de Impacto Ambiental, pagados y contratados por las compañías mineras -como en el caso de Mirador- están plagados de errores.
Tampoco se ha cumplido con un verdadero proceso de consulta y participación por parte de las autoridades estatales. Por el contrario, de manera ilegal, son las empresas mineras las que hacen las convocatorias, invitaciones, manejan y controlan todo el proceso para exponer los supuestos beneficios de la minería como ha ocurrido con el mencionado proyecto Mirador. Sin embargo, la Ministra Solís se adelanta a declarar que “se ha tergiversado la información y se ha mentido a la población en el caso de Quimsacocha…”… Nos preguntamos: ¿quién miente a quién?
En el caso del páramo de Quimsacocha, está en riesgo la principal fuente de agua para las poblaciones de la zona, y es allí donde se origina la cuenca del río Yanuncay que abastece de agua a la ciudad de Cuenca. Este es un argumento contundente para reconocer la competencia de los sistemas de agua para ejercer la consulta y participación, pues son los principales amenazados y los más afectados por estos proyectos.
La pregunta de la consulta popular del 2 de octubre en Azuay decía: ¿Está de acuerdo con la minería en las fuentes de agua de Quimsacocha? . La respuesta fue un NO abrumador. Los pobladores de Victoria del Portete y Tarqui nos dieron un ejemplo de civilidad, de defensa de los derechos de los cuencanos, de todos los azuayos y ecuatorianos, pues enaltecen y ratifican la prelación del uso del agua para uso humano y de compromiso con los derechos de la madre naturaleza.
Ante el argumento de que la pregunta es como preguntar “si se está de acuerdo con querer a su mamita” y que “todo mundo va a decir sí”, le decimos Señor Presidente que la pregunta y los resultados de la consulta pretenden defender a la Pachamama, y la protegen de las amenazas de una industria extractiva contaminante y depredadora. Las actividades mineras en Quimsacocha sí serían equiparables con una agresión a nuestras madres.
Sus declaraciones ante la consulta popular, y posterior visita a Quimsacocha, y las restricciones sobre los habitantes de esta zona opuestos al proyecto minero, a fuerza de militarización y criminalización parecen expresar:
- miedo al ejercicio del derecho a la resistencia,
- miedo por que la consulta de Quimsacocha pueda ser ejemplo altivo de otras consultas,
- miedo a que en las consultas se ejerzan los derechos que nos están siendo negados,
Sin embargo, la política del miedo no logrará convencernos de que la minería es una de las actividades más desastrosas del mundo y que solo puede darse con la apropiación de los principales caudales de agua y energía para sus operaciones.
Los pueblos del Ecuador reconocieron en su Constitución al agua como un Derecho Humano, así como los Derechos de la Naturaleza.
La Carta Magna señala también que “frente a acciones u omisiones del poder público o de personas naturales o jurídicas no estatales que vulneren o puedan vulnerar sus derechos”…los individuos y colectivos pueden ejercer el derecho a la Resistencia!
Y así lo vamos a hacer…
ACCION ECOLOGICA, Octubre 27 del 2011