La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) condenó hoy a Ecuador por otorgar a inicios de los años 90 una concesión petrolera en territorios indígenas amazónicos del pueblo kichwa de Sarayaku sin realizar la consulta previa, libre e informada, de conformidad con los estándares internacionales, en violación de los derechos del Pueblo Sarayaku a la propiedad comunal indígena e identidad cultural, así como por no haberle otorgado una tutela judicial efectiva y por haber puesto en riesgo la vida e integridad personal de sus miembros ante la presencia de explosivos de alto poder en el territorio.
La Corte, cuya sede está en Costa Rica, notificó este 25 de julio (e inmediatamente subió en su web) a las partes su sentencia, la cual establece, entre otras cosas, que el Estado ecuatoriano debe «neutralizar, desactivar y retirar la pentolita (explosivos utilizados para extraer petróleo) en superficie y enterrada en el territorio del Pueblo Sarayaku».
También impuso la obligación de consultar al pueblo kichwa de Sarayaku «en el eventual caso que se pretenda realizar alguna actividad o proyecto de extracción de recursos naturales en su territorio, o plan de inversión o desarrollo de cualquier otra índole que implique potenciales afectaciones a su territorio».
Ecuador deberá además capacitar en Derechos Humanos a funcionarios militares, policiales y judiciales cuyas funciones involucren relaciones con pueblos indígenas; realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional por los hechos del caso; publicar la Sentencia y pagar indemnizaciones por daños materiales e inmateriales a los indígenas.
Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la concesión a la petrolera argentina Compañía General de Combustibles (CGC) violó la propiedad comunal indígena y su identidad cultural. «El Estado es responsable por la violación del derecho a la propiedad comunal del Pueblo Sarayaku», manifiesta el fallo de la Corte.
El territorio Sarayaku, está localizado en la provincia de Pastaza en la Amazonía ecuatoriana, en el que habitan cerca de 1.200 personas, para acceder a el se lo puede hacer en avioneta (media hora) desde la localidad más cercana o un día en canoa a motor.
El enfrentamiento entre este pueblo quichua y el Estado comenzó en 1996, cuando el Gobierno de entonces otorgó a la CGC el derecho a explotar el petróleo en su tierra. En la actualidad el gobierno ecuatoriano mantiene sus intenciones de explotar petróleo en estos territorios, a lo que el pueblo kichwa se resiste.
Este caso fue presentado a la Corte por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 26 de noviembre de 2010; en la audiencia pública para este caso (llevada a cabo el año anterior), los kichwa de Sarayaku manifestaron que esperaban que una sentencia a su favor creara un precedente legal para toda América Latina que obligue a los Gobiernos a preguntar a las comunidades indígenas antes de dar concesiones petroleras o mineras en sus territorios.
Franklin Toala, representante de Relaciones Exteriores del pueblo kichwa de Sarayaku manifestó emocionado: «a todos los amigos y compañeros que han acompañado el Caso Sarayaku por tantos años les enviamos un enorme agradecimiento. La sentencia hace justicia a los pueblos indígenas de América».
Para leer el documento completo de la sentencia, que marca un precedente para las decisiones que deban tomar los estados frente a la introducción de megaproyectos extractivos en territorios de pueblos originarios, siga este enlace
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