En Colombia se llama “la locomotora minero-energética” a la política -diseñada para toda América Latina- de extraer intensivamente minerales y petróleo, y construir represas para abastecer de energía sobre todo a los proyectos mineros.
Sin embargo, esa locomotora minero energética enfrenta muchos problemas. Sólo en lo que va del 2013 en Colombia se registran varios hechos graves. En enero, después de que una barcaza de la empresa Drummond naufragara y el carbón que transportaba cayera al mar, le fue retirada la licencia de embarque de carbón a la compañía. El 5 de febrero les fue negada la licencia a diversas empresas multinacionales para aumentar la extracción de carbón en la Guajira y el César; mientras el 7 de febrero empezó la huelga del sindicato de El Cerrejón de la HP Billiton plc (Australia), Anglo American plc (Sudáfrica) y Xstrata plc (Suiza).
En Ecuador no se utiliza el nombre de locomotora, pero el modelo es el mismo y el frenazo también.
El frenazo aquí ha tenido momentos claves. En octubre del 2011, una consulta comunitaria que arrojó resultados del 93% de rechazo a la actividad minera, logró detener la actividad en Kimsakocha (páramo Tres Lagunas).
En Febrero del 2012 el informe de Auditoría emitido por la Contraloría General del Estado evidenció el incumplimiento de derechos constitucionales y normas tanto ambientales como de minería.
En marzo del 2012, ocurría la primera ocupación a una embajada China en oposición a la firma del contrato con la empresa Ecuacorriente, ECSA. Ese mismo mes arrancaba la Marcha por la Vida, el Agua y la Dignidad de los Pueblos que después de 15 días de caminata llegó a Quito el 22 de marzo, Día Mundial del Agua, con la participación de más de 40.000 personas.
Dos meses más tarde, en Santa Isabel, provincia del Azuay, los campesinos e indígenas ocuparon el lugar en donde se pretendía “socializar el proyecto minero” y en su lugar organizaron un acto ceremonial de agradecimiento del agua. Allí, en un intento de frenar la resistencia, 17 hombres y mujeres fueron acusados de delitos contra el Estado bajo el cargo de “obstrucción de la administración pública”.
La locomotora atropella la justicia. Existen decenas de casos de criminalizados por defender el agua y los territorios comunitarios frente a la amenaza minera. Algunos han llegado ser sentenciados, como en el caso de Carlos Pérez, Federico Guzmán y Efraín Arpi, de quienes la Corte reconoce la validez de su lucha altruista y sin embargo dicta una condena de 8 días de reclusión, que está próxima a ejecutarse.
En octubre del 2012 ocurrió el primer paro de trabajadores de Ecuacorriente, empresa controlada por la China Railway Construction Corporation (CRCC) y el grupo Tongling Nonferrous Metals, tan solo 7 meses después de la firma de su contrato.
En enero del 2013, CONAIE, ECUARUNARI, CONFENIAE, organizaciones de base de las zonas afectadas, organizaciones ecologistas y de derechos humanos presentaron una Acción de Protección de los Derechos de la Naturaleza frente a la actividad minera en la Cordillera del Cóndor.
En Colombia se dice que la contabilidad de las empresas mineras está equivocada al no restar los pasivos ambientales y que entonces también está mal medida la contabilidad macroeconómica. En Ecuador ocurre igual, estimaciones equivocadas, ignorancia en materia de impactos ambientales, proyecciones cargadas de fantasías cuando no de engaños.
La locomotora tampoco funciona en el Ecuador, a pesar de la invitación del presidente Correa a sus homólogos de Perú y Colombia, en noviembre de 2012, a unirse para combatir la oposición a la minería.
Reproducción solicitada : Boletín Acción Ecológica Opina.
Reproducción solicitada : Boletín Acción Ecológica Opina.
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