El ITT, es uno de los grandes proyectos extractivos petroleros en Ecuador codiciados por las transnacionales de todo color y origen, no solamente por el volumen de reservas comercialmente explotables (900 millones de barriles de crudo), sino esencialmente por encontrarse en el corazón del Parque Nacional Yasuní, un área que le permitiría a las empresas concesionarias y a sus estados protectores, acceder al control de significativos recursos de biodiversidad, a una de las principales reservas de agua dulce del planeta; y, además a mantener presencia en la zona de disputa geoestratégica y de implementación del proyecto IIRSA y su componente ecuatoriano el Eje Multimodal Manta-Manaos-Belem.
La propuesta de mantener el crudo bajo tierra, busca esencialmente proteger la existencia de los últimos clanes no contactados del planeta, los Tagaeri y Taromenae, que se desplazan en la llamada zona intangible, al límite del Parque Yasuní; además “evitaría la emisión de 407 millones de toneladas métricas de CO2.
Más todavía, evitaría los efectos de la deforestación y contaminación causada por la explotación petrolera, que acarrearía la afectación de un ecosistema constituido desde 1979 como Parque Nacional y declarado por la UNESCO como Reserva Mundial de la Biosfera en 1989. Las reservas del ITT se encuentran bajo una de las áreas de mayor biodiversidad del Planeta, que alberga no menos de 165 especies de mamíferos, 110 de anfibios, 72 de reptiles, 630 de aves, 1.130 de árboles y 280 de lianas, sin contar con innumerables especies de invertebrados todavía no estudiados.”
El interés central en la explotación del ITT proviene de Pekín, Brasilia, Caracas y demás socios de las llamadas BRICs (Brasil, Rusia, India (Irán), China y Singapur). Justamente, la única oferta en firme es el convenio suscrito, entre Petroecuador con Petrobrás, Sinopec de China y Enap de Chile.
El proyecto de mantener el petróleo bajo tierra, promocionado con el mismo nombre de ITT Yasuní, es una propuesta planteada en el 2007 por parte de grupos de presión ambientalistas y adoptada por el gobierno de Ecuador, el cual, para «viabilizarla» propuso un mecanismo de compensación por el ingreso no percibido al no explotar los recursos petroleros y la contribución de mantener el crudo bajo tierra al mercado de carbono. Esta compensación sería realizada por la comunidad internacional al estado ecuatoriano bajo los criterios de la economía ecológica, la economía ambiental y la economía de recursos naturales.
Aunque algunos países han negado el apoyo, aduciendo una variedad de razones ; el gobierno ecuatoriano ha manifestado recientemente que sí espera concretar los primeros 100 millones (de los 3.500 millones de dólares esperados durante 10 años como compensación para no explotar) antes de fin de año. Para esto y bajo el nombre de Yasunízate se encuentra realizando una amplia campaña mediática que pretende conseguir parte de esos fondos dentro de Ecuador.
Leo Guagua, añade que el discurso ambiguo del Presidente Correa al «demostrar su desinterés por escuchar la voz de los pueblos como en los proyectos de Quimsacocha (minería) y la del pueblo kichwa de Sarayaku (una de las 5 etnias que serían afectadas de concretarse los procesos de licitacion de nuevos bloques petroleros) ha hecho que varios posibles donantes echen marcha atrás»; y afirma que «Ecuador es rico en biodiversidad , ese debería ser nuestro fuerte y quienes están al frente de los gobiernos deberían actuar inteligentemente para potenciarlo como una fuente creciente de divisas para el país y no seguir con el mismo modelo extractivista que ofrecieron terminar; parece que terminaron convirtiéndose en los Extractivistas del Siglo 21» concluye Guagua.
Fuentes de información
Documento de Propuesta Yasuní: Alberto Acosta y organizaciones ambientalistas.
Agencia Pública de Noticias de Ecuador
Wikipedia
AVATAR: Entre el Yasuní y el extractivismo del siglo 21 de Fernando Villavicencio Valencia.
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