Tribunal Pueblos Naturaleza contra FMI BancoMundial
Audiencia Ecuador: La Demanda de Verdad, Justicia y Reparación Integral
El proceso que reúne testimonios, evidencias y propuestas busca responder: ¿quién debe responder por las políticas que han causado deuda, despojo y daño ecológico en Ecuador? Acusar a las instituciones multilaterales y construir rutas de reparación colectivas.
Resumen
La audiencia registró testimonios de economistas, juristas, líderes indígenas y activistas que documentan cómo las políticas promovidas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) —y sus aliados regionales— han intervenido en la política económica y social de Ecuador desde mediados del siglo XX hasta la actualidad.
Las conclusiones provisionales del Tribunal sostienen que las intervenciones han provocado:
- Reformas constitucionales y legales con efecto regresivo sobre derechos sociales y laborales.
- Austeridad fiscal que redujo drásticamente la inversión pública, el empleo y la capacidad de respuesta estatal en salud y educación.
- Privatizaciones (o transferencia de gestión), apertura a capitales y medidas que favorecieron a conglomerados económicos y actores transnacionales.
- Impactos ambientales severos por concesiones extractivas, debilitamiento de la regulación y financiamiento a industrias contaminantes.
- Impunidad institucional y negación de mecanismos reales de auditoría y reparación a las víctimas.
El tribunal plantea acciones concretas como auditorías, declaratoria de ilegitimidad de deudas y demandas por reparaciones a víctimas sociales y ecológicas.
Contexto Histórico
Desde su creación en 1944, el FMI y el BM han diseñado reglas que condicionan las políticas de los países del Sur. La audiencia sostiene que, más allá de los préstamos, existe una estrategia conjunta de condicionalidad cruzada y «shadow conditionality» que modifica leyes y marcos institucionales sin procesos democráticos amplios. El patrón histórico se repite: deuda externa que sirve para condicionar reformas que favorecen la inserción subordinada en el mercado global.
Condicionalidad y Arquitectura Institucional
Una idea central expuesta es la existencia de condicionalidades convergentes entre FMI, Banco Mundial y bancos regionales (BID, CAF). Estas operan como un conjunto de instrumentos que promueven:
- Consolidación fiscal: Reducción del gasto público y aumento de impuestos indirectos.
- Reformas estructurales: Privatizaciones, independencia de bancos centrales y cambios regulatorios que reconfiguran el Estado.
Entre 2019 y 2024, Ecuador firmó acuerdos importantes con el FMI. Las cartas de intención incluyeron ajustes equivalentes a porcentajes altos del PIB, resultando en crecimiento económico frustrado y pérdida de soberanía fiscal y normativa.
Impactos Macroeconómicos
Los economistas detallaron consecuencias medibles de los programas de ajuste:
- Pérdida de crecimiento: Miles de millones de dólares de crecimiento no realizado comparando con escenarios alternativos.
- Desempleo Estructural: Cientos de miles de empleos perdidos como efecto de la contracción de la inversión pública.
- Recortes en Inversión: La inversión en proyectos estratégicos cayó a niveles mínimos, afectando infraestructuras, salud y educación.
- Aumento de la Informalidad y Emigración: Las remesas crecieron como respuesta a la pérdida de empleo, desplazando el foco de desarrollo.
Beneficiarios y Fuga de Capitales
El Tribunal puso en relieve quiénes se benefician realmente de estas políticas: grandes conglomerados, empresas transnacionales extractivas, bancos y actores locales que son parte de los circuitos del poder económico. Medidas como exenciones fiscales, condonaciones de multas y reformas tributarias favorecieron la retención de rentas por parte de esos actores, mientras se erosionaba la capacidad de recaudación del Estado.
Casos y Daño Ecológico
La narrativa del Tribunal coloca la ecología en el centro. El financiamiento multilateral promovió concesiones extractivas y proyectos que aumentaron la deuda ecológica, deteriorando territorios y afectando fuentes de agua, biodiversidad y modos de vida indígenas y campesinos. La protección constitucional a la naturaleza debe ser el eje de cualquier reparación.
Caso 1: El Túnel Yoyakachi y las Consecuencias Hidroambientales
El proyecto, que buscaba derivar agua desde áreas de la Amazonía, sufrió sobrecostos y errores técnicos, lo que provocó desalojo de tierras y afectó humedales de altura (pantanas), claves para la regulación hídrica. La resistencia comunitaria fue la única fuerza que logró una conclusión parcial de la obra, pagando un alto costo social y ambiental.
Caso 2: Santa Priscilla, el IFC y la Destrucción de Manglares (Según Denuncias)
El IFC (brazo privado del BM) financió con alrededor de $45 millones la expansión de la industria acuícola (Santa Priscilla/Prohemar). Las denuncias presentadas ante el Tribunal incluyen:
- Expansión de camaroneras sobre manglares (el ecosistema pasó de ~350.000 ha a menos de 158.000 ha).
- Desplazamiento de comunidades costeras y pérdida de medios de vida tradicionales.
- Uso de certificaciones (ASC, BAP) como mecanismos de «greenwashing» y legitimación sin control efectivo sobre la destrucción territorial.
- Registro societario en paraísos fiscales que obstaculiza la fiscalización.
Caso 3: ProNACA y el Financiamiento a la Agroindustria Masiva (Según Testimonios)
ProNACA, el mayor procesador de carne, recibió cerca de $340 millones (IFC y BID/IDB Invest). Las consecuencias en Santo Domingo y la nacionalidad Sáchila, según los testimonios, son severas: crecimiento descontrolado de plantas avícolas y porcinas (zonas con más cerdos que habitantes), descargas de residuos animales a ríos (nitratos y coliformes fecales), y violaciones de derechos de los animales. Esto también conecta la industrialización animal con riesgos de resistencia bacteriana y zoonosis emergentes.
La Deuda Ecológica como Mecanismo de Transferencia de Recursos
Diagrama que ilustra los componentes que definen una deuda como ilegítima, incluyendo el propósito, la legalidad y el impacto social y ambiental.
Auditoría y Deuda Ilegítima
La propuesta más concreta es la realización de una auditoría ciudadana y la declaración de ilegitimidad de segmentos de la deuda. Auditar no solo el monto, sino la finalidad, los beneficiarios y la legalidad de los instrumentos.
Objetivos de la Auditoría
El Tribunal propone que la auditoría determine:
- Si los créditos fueron utilizados conforme a la Constitución (no para gasto corriente o fines contrarios al interés público).
- Si existió transparencia en las cláusulas y si se respetaron los procedimientos democráticos.
- Si las reformas exigidas vulneraron derechos y, por tanto, generan obligaciones de reparación.
El formato de tribunal popular busca visibilizar víctimas, aplicar criterios éticos y construir un registro público que sirva como base para futuras reclamaciones jurídicas.
Demandas y Resistencia
Las demandas formuladas se agrupan en tres núcleos esenciales:
- Verdad y Auditoría: Investigación rigurosa sobre la trayectoria del endeudamiento, contratos y condicionalidades (2017–2024).
- Justicia y Sanción: Responsabilizar políticamente a quienes promovieron reformas inconstitucionales y explorar vías legales internacionales.
- Reparación Integral: Medidas de restitución económica, remediación ambiental, restitución territorial y reconocimiento público a las comunidades afectadas.
Propuestas de Política Pública y Soberanía
Las comunidades y expertos propusieron alternativas concretas para recomponer la soberanía social y ecológica:
- Moratoria y Reestructuración de la deuda cuyo origen o finalidad sea ilegítima.
- Resguardo Constitucional de la provisión pública de servicios esenciales (agua, salud, educación).
- Moratoria a Nuevas Concesiones Extractivas y políticas de transición hacia modelos de decrecimiento.
- Fortalecimiento de la Fiscalidad Progresiva y combate a la elusión fiscal de grandes empresas.
La resistencia comunitaria implica bloqueos, denuncias ante mecanismos de la propia banca internacional (CAO, IDB Invest) y la articulación para impulsar leyes alternativas (como una nueva Ley de Aguas que proteja el recurso como bien común).
FAQs
¿Cuál es el alcance jurídico de este tribunal?
El tribunal es simbólico y ético. Sus resoluciones no son vinculantes en la jurisdicción ordinaria, pero buscan generar presión política, fundamento técnico para auditorías y acciones legales posteriores, y legitimidad social para reclamar reparación.
¿Por qué se acusa a la banca por la destrucción de manglares?
Porque brazos de la banca (como el IFC) financiaron directamente la expansión de grandes industrias acuícolas, como Santa Priscilla, cuyas operaciones resultaron en la destrucción documentada de manglares y el desplazamiento de comunidades costeras, a pesar de tener certificaciones de «sostenibilidad».
¿Qué significa declarar una deuda como ‘ilegítima’?
Implica sostener que fue contraída para fines contrarios al interés público, sin consentimiento democrático o violando normas constitucionales y de derechos humanos. Su objetivo es liberar a la población de la obligación de pagar esa porción de la deuda y abrir la vía a reparaciones.
¿Cómo se puede apoyar el proceso del Tribunal?
Apoyar implica difundir las conclusiones, participar en auditorías ciudadanas, respaldar demandas de transparencia y políticas públicas alternativas, y acompañar a las comunidades en sus procesos de denuncia y movilización.
Hacia una Democracia Económica y Ecológica
La audiencia del Tribunal Pueblos Naturaleza contra FMI BancoMundial es un punto de partida: la denuncia sistemática, la recolección de pruebas y la articulación entre sujetos afectados. El desafío es traducir la fuerza moral y técnica en políticas que restituyan derechos y reconstruyan territorios.
La experiencia ecuatoriana refleja que imponer políticas con costos sociales y ecológicos graves no es inevitable. Las alternativas pasan por la soberanía fiscal, la defensa de la naturaleza y el refuerzo de mecanismos democráticos.
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