El gobierno del Ecuador debe hacer más para proteger los derechos humanos de los pueblos indígenas (en este caso el del pueblo kichwa de Sarayaku) si es que su intención es cumplir plenamente con el fallo de una corte internacional, ha manifestado Amnistía Internacional.
Justamente hace un año la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictaminó que Ecuador debe disculparse, consultar y recompensar al pueblo kichwa de Sarayaku por un proyecto petrolero que dañó sus tierras ancestrales y puso sus vidas en peligro en la región amazónica del Ecuador.
«Aunque han habido algunos avances en la implementación (de las medidas dispuestas por la Corte), el gobierno de Ecuador todavía tiene que pedir disculpas al pueblo de Sarayaku y regular adecuadamente el derecho a la consulta previa. Se les debe dar el derecho al consentimiento libre, previo e informado antes de que los proyectos en su territorio siguen adelante «, dijo Guadalupe Marengo, directora del Programa para las Américas de Amnistía Internacional.
«El gobierno también tiene que acelerar la eliminación segura de las 1,4 toneladas de explosivos de alto grado que la compañía petrolera dejó en su tierra, de acuerdo con los deseos de la comunidad. «
El fallo de la CIDH en Julio del 2012 fue aclamado como un gran paso adelante en la protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas en el país y en toda la región.
«El dictámen dio a Ecuador la oportunidad de dar un ejemplo para toda la región sobre cómo evitar nuevas violaciónes de derechos humanos como la que vivió el pueblo de Sarayaku «, dijo Guadalupe Marengo.
«Ecuador debe cumplir plenamente el fallo de la Corte e introducir una legislación progresista, en consonancia con las normas internacionales y sobre el derecho al consentimiento previo, libre e informado. »
La CIDH determinó que el pueblo kichwa de Sarayaku no había sido consultado adecuadamente sobre un proyecto petrolero realizado por la argentina Compañía General de Combustibles en su territorio en la Amazonía ecuatoriana. Dijo que el Estado había violado el derecho de la comunidad a la propiedad, a la identidad cultural y puso la supervivencia de la comunidad en riesgo.
En el 2012 el Gobierno aprobó un decreto ejecutivo que proporciona un marco normativo para la consulta previa en las zonas afectadas por los proyectos de petróleo y gas. Sin embargo, Amnistía Internacional no cree que dicho marco está en consonancia con las normas internacionales.
«Este decreto no fue consultado y acordado con los pueblos indígenas, de conformidad con las normas internacionales y muchos de ellos han expresado serias dudas sobre el proceso de consulta que ha tenido lugar hasta la fecha» dijo Marengo.
A finales de noviembre del 2012 Ecuador inició un proceso de licitación pública para la apertura de grandes áreas de la región suroriente de la amazonía para nuevos bloques petroleros. Las compañías petroleras de todo el mundo han sido invitadas a presentar ofertas con el fin de llevar a cabo la exploración y explotación de petróleo. El proceso de licitación de contratos sigue abierto.
El caso Sarayaku
El Pueblo Originario Kichwa de Sarayaku tiene una población de 1.200 personas , sus territorios ancestrales se encuentran en un área remota de la región amazónica del este de Ecuador.
En la década de 2000 una compañía petrolera ocupó parte del territorio ancestral de la comunidad.. El Estado ecuatoriano había otorgado permiso a la empresa para buscar petróleo sin consultar previamente a su pueblo.
Durante varios meses el personal de la empresa, acompañado de efectivos del ejército ecuatoriano y guardias de seguridad privada, llevaron a cabo detonaciones, talaron árboles, cavaron más de 400 pozos y enterraron más de 1,4 toneladas de explosivos de alto grado; además de la contaminación del medio ambiente con el ruido de los helicópteros que desplazaban personas y explosivos.
La gente de Sarayaku respondió elevando las denuncias a nivel nacional e internacional y, finalmente, lograron que la empresa abandonara el proyecto. Pero las autoridades fallaron al no pedir disculpas y prestar la reparación por el impacto que el proyecto de exploración tuvo en la vida de la comunidad, peor aún en hacer compromisos para evitar abusos similares.
Después de agotar todas las vías legales internas de reparación y garantía de no repetición, Sarayaku decidió llevar su caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En julio de 2012, los jueces fallaron a favor de Sarayaku.
El pueblo kichwa de Sarayaku y Amnistía Internacional co-produjeron el documental Hijos del Jaguar sobre la lucha de la comunidad para defender sus derechos. La película ganó el premio de «Mejor Documental» en el 2012 de la National Geographic All Roads Film Festival.
El pueblo de Sarayaku y Amnistía Internacional proyectaron el pasado 25 de julio la película, en asociación con otras organizaciones nacionales e internacionales organizaciones no gubernamentales, para conmemorar el primer aniversario de la sentencia CIDH.
Traducción de nota de Amnistía Internacional
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