XII FOSPA (Foro Social Panamazónico).
Del encuentro social a la urgencia operativa
Entre el 16 y el 21 de agosto de 2026, la ciudad de Puyo (Puyuk), capital de la provincia de Pastaza en Ecuador, se conviritió en el epicentro político de la cuenca amazónica al albergar el XII Foro Social Panamazónico (FOSPA). En este espacio participaron delegaciones territoriales de nueve países: Ecuador, Colombia, Perú, Brasil, Bolivia, Venezuela, Guyana, Surinam y la Guyana Francesa. La esencia del encuentro fue la de una asamblea de base impulsada por pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, organizaciones campesinas, colectivos urbanos y movimientos socioambientales.
El contexto en el que se celebró el XII FOSPA es crítico. La Amazonía se aproxima a lo que los científicos denominan el «punto de no retorno», un umbral de deforestación y degradación a partir del cual el ecosistema perderá su capacidad de autorregulación, convirtiéndose progresivamente en una sabana seca. Esta realidad motivó a que el encuentro de Puyuk no se limite a denunciar el avance de las fronteras extractivas, sino a exigir la implementación real de los mandatos populares acumulados, priorizando el hito histórico del Yasuní en Ecuador.
Así, el 20 de agosto de 2026, los pueblos se encontraron en las calles de Puyuk para denunciar una traición por parte del Estado. Ese día precisamente, se marcó tres años exactos desde que el pueblo ecuatoriano, en un ejercicio de soberanía democrática sin precedentes, ordenó en las urnas mantener el crudo del Yasuní bajo el subsuelo.
Lo que hoy registramos es la radiografía de un Estado que opera en la ilegalidad, ignorando el mandato popular para arrodillarse ante el capital extractivo. Este XII FOSPA es una interpelación directa a la sociedad civil mestiza de las ciudades: su indiferencia no es neutralidad; es el lubricante que permite que la maquinaria del despojo siga triturando la vida. La defensa de la Amazonía ha dejado de ser una «causa indígena» para convertirse en el último bastión de la supervivencia regional ante un colapso climático que no conoce fronteras urbanas.
La Gran Marcha Amazónica, dentro del marco del FOSPA Foro Social Panamazónico, convocó a miles de personas. Una de sus paradas, fue la Gobernación de Pastaza, la gobernadora no se encontraba.
La geopolítica del despojo y el nuevo Plan Cóndor
La crisis en la Pan-Amazonía no es, ni debe entenderse como un conflicto aislado de linderos ni un mero problema de gestión ambiental local. Es el síntoma del sistema caduco del capitalismo global desbocado y una multipolaridad competitiva donde el imperialismo estadounidense y el Norte Global se aferran a su poder unipolar mediante la fuerza. Estamos asistiendo a una reedición del Plan Cóndor, esta vez ejecutada a través de un poderío militar y político de corte autoritario que avanza sobre Latinoamérica.
El escenario geopolítico actual se define por tres ejes fundamentales:
Imperialismo y Disputa Hegemónica
Una guerra entre potencias por el recambio del control planetario, utilizando a la Amazonía como bodega de recursos estratégicos (agua dulce, minerales raros y biodiversidad).
Guerra contra los Pueblos
La imposición de «guerras internas» en países como Ecuador, Colombia y Perú, donde se etiqueta como «enemigo interno» a todo aquel que resista el despojo territorial.
Solidaridad Transnacional
La lucha amazónica se emparenta directamente con la resistencia de la Guyana Francesa contra la dominación colonial y con la denuncia contra el genocidio del pueblo palestino, identificando cómo las estructuras de control militar e expansionismo transnacional permean la región.
Las mujeres de los diferentes pueblos y nacionalidades marcaron fuerte presencia en el FOSPA
El Campamento de Juventudes del Foro Social Panamazónico se mostró como el relevo generacional necesario para la defensa de los pueblos y el territorio.
La trampa de las falsas soluciones y el colonialismo financiero
El rigor investigativo nos obliga a desmantelar la narrativa del «financiamiento verde». Los países industrializados, principales responsables de la debacle ecológica, pretenden saldar su deuda histórica mediante mecanismos que no son más que nuevas formas de usura y colonialismo financiero. Durante el FOSPA PUYO 2026, se denunció instrumentos como los «bonos jaguar» y el arbitraje internacional como herramientas para blindar la impunidad corporativa y vulnerar la soberanía judicial de los pueblos.
Mercados de carbono y canjes de deuda
Mercantilización de la biosfera y violación sistemática del consentimiento previo, libre e informado mediante contratos abusivos.
Caso (Colombia – Piratería de Carbono): En la Amazonía colombiana, comunidades indígenas del Vaupés y Guainía han sido víctimas de la «piratería de carbono» por parte de empresas privadas (project developers). Se firmaron contratos abusivos en lenguas extranjeras o sin traductores, cediendo derechos sobre sus territorios por hasta 100 años a cambio de pagos mínimos.
Impacto: Fractura la cohesión social de las comunidades, rompe la gobernanza territorial y viola el derecho a la Consulta Previa, Libre e Informada (CPLI).
Bonos Temáticos y «Jaguar Bonds»
Incremento de la deuda externa ilegítima; préstamos condicionados que asfixian las economías locales y privatizan bienes comunes.
Caso (Ecuador – Canje de Deuda por Naturaleza): En 2023, Ecuador concretó el mayor canje de deuda por conservación para proteger las Islas Galápagos. Aunque redujo deuda soberana, financió la recompra mediante deuda bancaria privada (Credit Suisse) bajo leyes extranjeras.
Impacto: Financializa la naturaleza y condiciona las políticas públicas locales a metas impuestas por tenedores de bonos privados y bancas multilaterales, profundizando la dependencia financiera.
Financiamiento climático reembolsable
Transferencia de recursos que prioriza la burocracia financiera internacional y la industria de la guerra sobre la vida comunitaria.
Caso (Brasil y cuenca Amazónica): Gran parte de los fondos de la banca multilateral (como el BID o Banco Mundial) destinados a la «adaptación climática» llegan en forma de préstamos con interés, no como donaciones para reparación histórica.
Impacto: Países biodiversos terminan endeudándose para reparar desastres ambientales provocados históricamente por los países industrializados. Estos fondos terminan pagando consultorías e intermediarios financieros internacionales en lugar de llegar a las bases comunitarias.
Mecanismos de mitigación tecnocrática
Despojo territorial masivo y desmantelamiento de la soberanía de los pueblos sobre sus fuentes hídricas y ecosistemas.
Caso (Bolivia – El Triángulo del Litio): La megaminería de litio y minerales críticos (cobalto, cobre) para fabricar baterías de autos eléctricos en el Norte Global.
Impacto: En el Salar de Uyuni (Bolivia), la extracción intensiva devora millones de litros de agua en zonas hiperáridas, secando vertientes ancestrales, desplazando comunidades indígenas y destruyendo ecosistemas bajo el pretexto de «salvar al planeta».
Diferentes formas de expresión de arte y cultura pusieron en relieve la importancia de sostener la vida de los pueblos en la cuenca amazónica.
La Amazonía en Estado de Emergencia: el punto de no retorno y el crimen organizado.
Desde Puyuk, el FOSPA declara a la Amazonía en Estado de Emergencia; y no es una exageración, es la respuesta necesaria ante la inminencia del colapso de la biosfera. El extractivismo legal no es el único agresor; hoy enfrentamos una simbiosis letal entre las estructuras estatales y el crimen organizado transnacional. La militarización promovida por los gobiernos ha fracasado deliberadamente: lejos de desarticular a los grupos criminales, se utiliza para amedrentar y criminalizar a los guardianes del territorio.
Las amenazas inmediatas que destruyen el Kawsak Sacha (Selva Viviente) son:
Economías Ilegales Transnacionales
Narcotráfico, minería de aluvión con mercurio, tala ilegal y trata de personas que ejercen un control territorial armado paralelo.
Extractivismo de Estado
La expansión incesante de la frontera petrolera, minera e hidroeléctrica que fragmenta los corredores biológicos vitales.
Ruptura del Tejido Social
Estrategias corporativas diseñadas para cooptar dirigencias, dividir asambleas comunitarias y destruir la organización orgánica de los pueblos.
Impunidad Financiera
Entidades bancarias y mercados internacionales que lavan los activos provenientes de la destrucción amazónica mientras ocultan a sus beneficiarios reales.
Diagnóstico por país. Escollos legales y burocráticos y acciones para superarlos
Para viabilizar las exigencias del FOSPA y garantizar que las declaraciones internacionales se traduzcan en gobernanza real, es imprescindible diagnosticar y resolver los cuellos de botella institucionales, las trabas normativas y los conflictos orgánicos de cada nación amazónica.
ECUADOR
Diagnóstico Operativo:
Escollo Legal e Institucional: Tras la consulta popular del Yasuní (Bloque 43-ITT), el Ejecutivo y Petroecuador han dilatado el plan de desmantelamiento argumentando un «impacto de seguridad fiscal» y falta de liquidez. La Ley Orgánica para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica (CTEA) canaliza fondos a través del Fondo Amazónico, pero su presupuesto queda atrapado en la burocracia de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs) provinciales y municipales, postergando la inversión directa en los Planes de Vida comunitarios.
Escollo Interno: Cooptación y fracturas dirigenciales dentro del movimiento indígena (CONAIE/CONFENIAE) impulsadas por agendas partidistas locales, lo que resta unidad a las demandas territoriales.
Estrategia de Superación:
Vía Jurídica y Constitucional: Interposición de una Demanda de Incumplimiento ante la Corte Constitucional del Ecuador contra el Ministerio de Energía y Petroecuador para exigir un cronograma vinculante de retiro de infraestructura en el ITT, respaldado por una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para la protección estricta de los pueblos en aislamiento voluntario (Tagaeri y Taromenane).
Vía Normativa e Institucional: Promover una reforma al Reglamento de la Ley CTEA que automatice las transferencias presupuestarias directas a la ejecución de Planes de Vida y Autonomías Indígenas sin intermediación discrecional de los alcaldes y prefectos.
Vía Orgánica: Normar reglamentos internos de representatividad que exijan la rotación obligatoria y la rendición de cuentas en asambleas comunitarias de base para blindar la vocería de la CONFENIAE.
COLOMBIA
Diagnóstico Operativo:
Escollo Legal e Institucional: La excesiva parsimonia reglamentaria en la implementación de la política de «Paz Total» y de la Ley 2272 frena el reconocimiento pleno e institucional de las Guardias Indígenas y Cimarronas como autoridades legítimas de autoprotección. Adicionalmente, persiste un choque normativo no resuelto entre el Sistema de Parques Nacionales Naturales (PNN) y los Resguardos Indígenas o Consejos Comunitarios Afrodescendientes sobre el control y uso de la tierra, escenario aprovechado por estructuras del crimen organizado y disidencias armadas.
Escollo Interno: Vulnerabilidad extrema de las autoridades tradicionales frente al reclutamiento forzado de jóvenes comunitarios y el asesinato sistemático de liderazgos.
Estrategia de Superación:
Vía Jurídica y Constitucional: Declaración y formalización de «Zonas de Resguardo Humanitario» mediante decretos de autoprotección dictados por las autoridades de la Jurisdicción Especial Indígena (JEI) y de las Comunidades Negras (Ley 70), exigiendo la mera validación ex post (y no aprobación previa) por parte del Ministerio del Interior.
Vía Normativa e Institucional: Creación de un protocolo de co-gestión vinculante entre PNN y las autoridades étnicas que garantice la administración territorial en manos comunitarias.
Vía Orgánica: Despliegue de sistemas comunitarios de alerta temprana e inteligencia social, junto con programas intergeneracionales de soberanía alimentaria y custodia territorial para frenar la cooptación de la juventud por actores armados.
PERÚ
Diagnóstico Operativo:
Escollo Legal e Institucional: El Congreso de la República mantiene un cerco legislativo que debilita progresivamente la fiscalización ambiental (regresiones a la Ley Forestal) e incentiva la minería e industria maderera ilegal. Organismos como el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y el OSINFOR carecen de asignación presupuestaria y respaldo policial para intervenir en zonas críticas contaminadas por mercurio y petróleo.
Escollo Interno: Asimetría y brecha técnica en las federaciones amazónicas (como AIDESEP o ORPIO) para afrontar litigios complejos y formular peritajes científicos que sostengan demandas ambientales.
Estrategia de Superación:
Vía Jurídica y Constitucional: Impulsar una estrategia regional coordinada de litigio constitucional para la ratificación y ampliación de sentencias judiciales que reconozcan a los grandes ríos amazónicos (como el río Marañón y Nanay) como sujetos de derechos dotados de personería jurídica e inalienable.
Vía Normativa e Institucional: Institucionalizar mediante ordenanzas regionales la validez probatoria de los informes expedidos por los Monitores Ambientales Comunitarios, permitiendo que sus análisis de metales pesados sean admitidos directamente como prueba procesal penal por la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA).
Vía Orgánica: Creación de una «Escuela Itinerante de Litigio Estratégico y Peritaje Comunitario» que capacite de forma continua a los equipos técnicos locales de las federaciones.
BRASIL
Diagnóstico Operativo:
Escollo Legal e Institucional: La proliferación no regulada del mercado de carbono privado (REDD+ corporativo) genera una «piratería de carbono» acelerada que despoja a comunidades indígenas y Quilombolas mediante contratos leoninos de larga duración. Paralelamente, la parálisis técnica dentro de la FUNAI y el INCRA arrastra un rezago histórico en la demarcación de Terras Indígenas y titulación de Territorios Quilombolas.
Escollo Interno: Presiones e intensas campañas de división interna orquestadas por empresas desarrolladoras de proyectos (project developers) sobre los caciques y liderazgos locales.
Estrategia de Superación:
Vía Jurídica y Constitucional: Instrumentar, publicar e inscribir ante notaría pública y el Ministerio Público Federal (MPF) los Protocolos Autónomos de Consulta Previa, Libre e Informada elaborados por las bases de la APIB y las redes Quilombolas.
Vía Normativa e Institucional: Establecer por resolución binding la nulidad absoluta de pleno derecho (nulidade de pleno direito) de cualquier contrato privado sobre servicios ambientales o créditos de carbono que no haya sido avalado expresamente por la Asamblea General soberana de la comunidad y ratificado por el MPF.
Vía Orgánica: Unificar una plataforma de monitoreo de contratos bajo la gobernanza directa de los consejos indígenas para auditar y expulsar a las empresas especuladoras de los territorios.
BOLIVIA
Diagnóstico Operativo:
Escollo Legal e Institucional: Existe un blindaje normativo favorable a las Cooperativas Mineras Auríferas, las cuales gozan de exenciones tributarias desmedidas y permisividad ambiental para devastar la Amazonía norte (ríos Beni, Madre de Dios y Kaka). En el plano administrativo, el Viceministerio de Autonomías paraliza sistemáticamente los trámites de conversión de Municipios a Autonomías Indígena Originaria Campesinas (AIOC).
Escollo Interno: Cooptación partidaria de las organizaciones matrices tradicionales (como la CIDOB y la CONAMAQ), que frena la movilización social contra el extractivismo aurífero.
Estrategia de Superación:
Vía Jurídica y Constitucional: Ejercicio directo y efectivo de la Jurisdicción Indígena Originaria Campesina (JIOC) en los Territorios Indígenas Originario Campesinos (TIOC), emitiendo mandatos normativos para el decomiso, expulsión e inmovilización de dragas y maquinaria pesada, amparados en los Derechos de la Madre Tierra respaldados por la Constitución.
Vía Normativa e Institucional: Exigir vía control social la simplificación inmediata de los requisitos burocráticos para la consolidación de las AIOC, eliminando el referéndum repetitivo de aprobación estatutaria.
Vía Orgánica: Articular comités de defensa territorial autónomos de base, independientes del ciclo electoral y desconectados de las dirigencias partidizadas de las matrices oficiales.
VENEZUELA, GUYANA, GUYANA FRANCESA, SURINAM Y GUYANA
Diagnóstico Operativo:
Escollo Legal e Institucional:
Venezuela: La vigencia del decreto del Arco Minero del Orinoco y la presencia de mandos militares en redes de extracción anulan cualquier posibilidad de litigio o fiscalización ambiental dentro del Poder Judicial interno.
Guyana Francesa: El marco constitucional del Estado francés no reconoce los derechos colectivos de los pueblos indígenas ni la propiedad originaria sobre sus tierras, considerándolas «dominio privado del Estado».
Surinam y Guyana: La total carencia de una legislación marco para la titulación de tierras comunitarias clasifica la selva como suelo fiscal, dejándola desprotegida ante concesiones mineras y petroleras transnacionales.
Escollo Interno: En Venezuela, el riesgo directo a la vida fuerza el silencio o el exilio de defensores; en las Guayanas y Surinam, la extrema fragmentación lingüística e institucional dificulta la articulación regional.
Estrategia de Superación:
Vía Jurídica e Internacional:
Para Venezuela: Desplegar mecanismos anónimos de monitoreo satelital y cartografía social encubierta para canalizar expedientes probatorios directamente hacia la CIDH, el Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU y la Corte Penal Internacional (CPI) mediante las redes transfronterizas del FOSPA.
Para Surinam y Guyana: Exigir judicialmente la ejecución obligatoria de las sentencias históricas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (como el caso Saramaka vs. Surinam) para congelar la entrega de nuevas concesiones extractivas.
Para la Guyana Francesa: Elevar peticiones formales ante el Comité Especial de Descolonización de la ONU para el reconocimiento de los derechos territoriales de los pueblos Kali’na, Lokono, Wayana, Wayãpi, Teko y Palikur.
Vía Orgánica: Establecer una red trinacional de protección y comunicación segura en la subregión del Escudo Guayanés para unificar las demandas de titulación y resistencia contra el extractivismo.
El Mandato de Acción: Exigencias Irrenunciables
La Declaración de Puyuk se traduce en un mandato de acción con cinco ejes que los Estados y los organismos internacionales no pueden seguir ignorando:
Auditoría y Cancelación de la Deuda Ilegítima: Exigimos el cese del pago de deudas externas que financian el saqueo y el desmantelamiento del arbitraje internacional que favorece a las corporaciones.
Zonas de Exclusión y Reconocimiento Jurídico: Blindaje legal de los territorios amazónicos como áreas libres de minería, petróleo y mercurio, con la reversión inmediata de las concesiones vigentes.
Reforma a la Ley Amazónica: Exigimos la revisión integral de la Ley de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica en Ecuador para garantizar la inclusión real y la asignación presupuestaria directa a comunidades afrodescendientes, indígenas y campesinas.
Financiamiento Climático No Reembolsable: Los fondos para la restauración deben ser directos para los autogobiernos comunitarios, rechazando cualquier esquema vinculado a los mercados de carbono.
Protección efectiva a Defensores: Implementación de un mecanismo Pan-Amazónico de monitoreo, alerta temprana y resguardo transfronterizo para frenar el asesinato y la persecución de los guardianes de la naturaleza.
Para descargar la Declaración Política PUYUK 2026, en el marco del Foros Social Panamazónico, siga este enlace.
ES_ES